El gobierno está a punto de exportar la mitad de las reservas peruanas de gas natural, dejando sin este recurso a las propias familias y empresas peruanas que lo necesitan para su desarrollo. Luego de 20 años de aplicación del modelo neoliberal, se siguen privilegiando los intereses extranjeros en desmedro de los nacionales, empobreciendo al país, exportando materia prima sin darle un valor agregado lo que anula nuestra única esperanza de producir riqueza y encaminarnos al desarrollo. La exportación del gas de Camisea por parte del Consorcio Perú–LNG, constituye el 47% de las reservas probadas que posee la nación. El asunto es gravísimo, porque se quiere exportar 4.08 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas de los 8.79 TCF que tenemos, pese a que existe una demanda local insatisfecha de 6.89 TCF y sin tomar en cuenta las reservas que se necesitan para cambiar la matriz energética del país en los próximos 50 años. Con la exportación del gas el Perú pierde dinero. Pierde hoy porque aquí el gas para las centrales eléctricas se vende a US$ 1.50 por mpc, mientras que los industriales pagan US$ 2.50 por mpc. Y se pierde en el futuro porque cuando se acabe el gas, vamos a tener que “recomprarlo” no al precio de exportación de hoy (US$ 0.50 por mpc) sino al precio de importación que está en US$ 10 a 12 por mpc, que es lo que pagan Chile y Argentina. Lo peor es que, debido a la exportación, existe racionamiento de gas para los consumidores peruanos. Esto se debe a que, en una campaña de desinformación flagrante, el gobierno infla las reservas de gas porque añade a las reservas probadas lo que se llama las “cantidades recuperables” de gas de los yacimientos. La cuestión de fondo es que solo se pueden comercializar las reservas probadas y no las “recuperables”. Así, como el gobierno va a “guardarle” a México el 47% de los 8.9 billones de pies cúbicos de reservas probadas, lo que sucede es que los peruanos vamos a tener que esperar que las reservas probadas se conviertan en “recuperables”. Y aquí la pregunta es, ¿por qué no esperan los mexicanos, si el gas es nuestro? ¿Dónde queda la frase de García del 28 de julio cuando dijo que solo se exportaría si primero se abastece al mercado interno? Así, se deja de lado la demanda de los hogares, pero sobretodo, la posibilidad de generar electricidad barata y ejecutar proyectos petroquímicos que podrían transformar nuestra economía y relanzar el desarrollo agrícola e industrial. Además, se engaña de manera artera a los pueblos del sur del Perú prometiéndoles un gas cuyas reservas aún no están probadas, mientras el gas comprobado en Camisea, se evapora con la exportación. El costo de este faenón será altísimo para el país. Venderemos a un dólar lo que después, en su equivalente energético de barril de petróleo, deberemos comprar a 84 dólares. Esto significará un gasto mayor en energía importada ascendente a 43 mil millones de dólares en los próximos 20 años. La exportación, además, es ilegal, tal como lo dijo hace un año Alan García y hoy lo olvida. Se hace en base a modificaciones del contrato original del lote 88 y al contrato del lote 56 que fueron autorizados, por el gobierno de Alejandro Toledo, por una norma de menor jerarquía que pretendía cambiar leyes y festinar trámites. El actual gobierno aprista, además de permitir que continúe la exportación, autoriza de manera ilegal, para traer a la costa el gas que se va a exportar, el uso de un gaseoducto que fue construido con la plata de todos los peruanos -vía un aumento en el recibo de luz– y cuyo fin era traer el gas para el consumo interno. No hay entonces aquí, como dice el gobierno de Alan García, “contratos que respetar” porque el contrato original del lote 88 ya fue violado en su momento y el contrato del lote 56 se hizo contra las leyes del Perú. Por ello, respetuosos del Estado de Derecho debemos aplicar las leyes peruanas que señalan la prioridad del mercado interno con un horizonte permanente de 20 años, procediendo a la exportación únicamente cuando se satisfaga la demanda nacional del largo plazo. El destino del gas debe ser parte de una política de Estado de soberanía energética que permitirá desarrollarnos ganando competitividad y productividad. Parte de esta política es repotenciar Petroperú como la empresa estatal que, al igual que en los países productores de energía, lidere la exploración y explotación del gas y el petróleo. Nos aunamos a la propuesta de formar un Frente Nacional en Defensa del Gas y establecer una política de masificación para su uso, establecer un polo petroquímico en el sur del país y buscar una alianza estratégica con Bolivia y Brasil sobre el tema energético. Apoyamos la construcción del Gasoducto Andino por ser una necesidad, que garantice el abastecimiento de gas para el mercado interno, principalmente para el consumo doméstico, automotriz, las industrias nacionales y la generación de electricidad. ¡¡Defendamos nuestro gas¡¡ ¡¡Ni una sola molécula de gas fuera del Perú¡¡
