El organismo regulador plantea que sean los usuarios de las ciudades y ya no el Estado, los que financien la electrificación rural.
El ente regulador Osinergmin presentó un proyecto para que las concesiones de distribución eléctrica asuman también las inversiones necesarias en electrificación rural, y trasladen el costo que ello implique a todos los usuarios eléctricos en general.
El presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (COES), César Butrón, consideró que esa iniciativa –con la cual coincidió– podría elevar entre 1% y 2% las tarifas eléctricas para los usuarios de las ciudades.
La propuesta se sustenta en un estudio elaborado por un consorcio de consultores externos por encargo del regulador, y plantea modificar la Ley de Concesiones Eléctricas y la Ley de Electrificación rural, a fin de mejorar el sistema de distribución de energía en general.
Las concesiones de distribución eléctrica están en manos de cinco distribuidoras privadas y 15 públicas, aunque su rango de operación abarca solo las ciudades y distritos urbanos más poblados, mas no las áreas rurales ni los pueblos más alejados del país.
COBERTURA.
En el ámbito rural, las inversiones están a cargo del Ministerio de Energía y Minas, aunque este estudio reconoce que la zona rural del Perú tiene aún el coeficiente o porcentaje de electrificación más bajo entre países de la región. Cajamarca, Huánuco, Huancavelica y Loreto, todavía presentan niveles de electrificación por debajo del 50%. Solo Lima alcanza el 99%.
Otro problema que el proyecto busca resolver es que las tarifas en la zona rural son mucho más caras que en las áreas urbanas, así como el hecho de que la calidad del servicio en las zonas menos pobladas es muy baja, que se refleja en continuos cortes de la energía.
El proyecto propone redefinir las áreas de concesión de las distribuidoras, para que ya no abarquen solamente las zonas a donde llega físicamente la red de distribución eléctrica, sino que comprendan áreas geográficas enteras, a donde pueda llegar el sistema interconectado.
TARIFAS.
En esas áreas de concesión, añade, las distribuidoras deberán hacer las inversiones necesarias para incrementar el grado de electrificación, y cuyos mayores costos asociados deberán ser reconocidos en el cálculo de tarifas en cada proceso de revisión de las mismas.
Además, plantea profundizar el esquema del Fondo Social de Compensación Eléctrica, para que los costos de inversión para ampliar la frontera eléctrica, sean compartidos entre los usuarios.
Al respecto, el presidente del COES, que agrupa a las empresas eléctricas, César Butrón consideró que la única manera para que la electrificación rural sea sostenible, es que la hagan las propias empresas de distribución (y ya no el Gobierno)."Pero para que eso sea posible, los usuarios tienen que pagar lo que cuesta electrificar el área rural", añadió.
LAS CLAVES.
NUEVO ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN.
1. Las distribuidoras eléctricas administrarán, operarán y mantendrán las instalaciones transferidas por los ejecutores de los proyectos de electrificación rural en su zona de concesión.
2. La distribuidora estará obligada a presentar planes para suministrar electricidad a nuevos usuarios dentro de su zona de concesión ampliando la frontera eléctrica.
3. La determinación de la tarifa de distribución, se realizaría por separado para cada una de las empresas distribuidoras, y no en conjunto, como se realiza actualmente.
4. De aprobarse este nuevo esquema, el regulador estima que en el lapso de 10 años, el nivel de electrificación en el país sería prácticamente del 100%.
FALTA INVERSIÓN DE DISTRIBUIDORAS.
Un aspecto fundamental para que las distribuidoras del Estado puedan asumir la electrificación rural, es que mejoren primero la gestión del servicio que prestan, es decir que incrementen sus niveles de inversión, advirtió el Osinergmin.
Observó que sus ratios de rentabilidad son claramente inferiores a los obtenidos por las empresas privadas, por lo que recomendó al Gobierno emprender acciones encaminadas a implantar un gobierno corporativo y una gestión más empresarial en este tipo de empresas.
Además, planteó que se les permita a las distribuidoras menos rentables la elevación de sus tarifas, sujeta a objetivos de inversión y de reducción de costos.
AÚN 200 MIL NO TIENEN LUZ EN LIMA.
Este miércoles, el Ejecutivo promulgará una ley que tendrá impacto en los limeños que aún no cuentan con el servico de electricidad.
El presidente Alan García anunció que el Estado realizará un aporte de S/. 100 millones para un proyecto de agua potable en El Naranjal, ubicado al norte de Lima, que beneficiará a 105 mil personas, dotándolas no solo de agua potable sino de electricidad.
El mandatario hizo hincapié en que que hay casi 200 mil limeños que no tienen electricidad , lo que calificó de un absurdo.
Anunció que apenas se firme el proyecto de ley, el Gobierno coordinará con las empresas de distribución eléctrica para que ese grupo de limeños cuente con energía.
Diario Gestion (14/12/2009)
